En una investigación por posible defraudación al Estado en el manejo de fondos destinados a planes sociales, la Justicia detectó facturas apócrifas por un total de 25 millones de pesos emitidas por dos empresas, una de ellas estrechamente vinculada al Partido Obrero (PO) y su referente Eduardo Belliboni.
Según trascendió, el juez Sebastián Casanello determinó que las facturas, presuntamente utilizadas para justificar egresos de dinero público, fueron realizadas por la imprenta «Ediciones e Impresiones Rumbos SRL» y la firma «Coxtex SA», una supuesta comercializadora de productos electrónicos.
Rumbos SRL mantiene un estrecho vínculo con el PO, ya que está radicada en un PH donde reside el hijo del ex legislador Marcelo Ramal, histórico referente del partido trotskista. En tanto, se sospecha que Coxtex sería una empresa fantasma dedicada a proveer facturas truchas.
Las pruebas recolectadas revelan que las facturas de ambas firmas fueron incluidas por Belliboni en las rendiciones de gastos realizadas con fondos recibidos por la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor entre 2020 y 2023, que totalizaron 360 millones de pesos.
«De ese monto, solo habrían rendido 113 millones según el Ministerio. Y en esas rendiciones aparecen los 25 millones de las facturas presuntamente falsas, un porcentaje alto», señaló una fuente judicial.
Belliboni fue citado a indagatoria para el 25 de junio próximo junto a otras 22 personas, entre ellas Adrián Albornoz, supuesto titular de Rumbos SRL. También fue inhibido, por lo que no podrá vender sus bienes mientras dure la causa.
«El Gobierno me quiere meter preso», reaccionó el dirigente, quien designó una abogada defensora vinculada a la investigación, ya que Claudia Ferrero, una de las dos empleadas registradas en Rumbos SRL, se presentó como defensora de algunos imputados.
La investigación comenzó en diciembre pasado a raíz de denuncias por presuntas extorsiones para asistir a manifestaciones. Aunque inicialmente apuntaba a ese delito, las pruebas fueron derivando hacia una posible estafa millonaria contra el Estado mediante la presentación de gastos ficticios.