Una grave acusación sobre el funcionamiento de los acuerdos parlamentarios sacudió la escena política a partir de una revelación que detalla la supuesta venta de votos en el Congreso a cambio de fondos públicos. Marcela Pagano expuso públicamente un presunto esquema de transferencias discrecionales articulado para asegurar el respaldo de distintos bloques en votaciones clave. Según planteó, las partidas del fideicomiso financiado con el impuesto a los combustibles no se enviaban de forma regular, sino que la mayor parte de los desembolsos coincidía con las fechas estratégicas en las que el Gobierno nacional requería aprobar iniciativas normativas o blindar vetos del Poder Ejecutivo.
La modalidad descrita no implicaba pagos directos a las bancadas, sino giros específicos hacia las vialidades provinciales o empresas adjudicatarias de obra pública administradas por los mandatarios de los distritos involucrados. En sus declaraciones, Pagano sostuvo que “el voto se le pide al legislador que responde al gobernador” y que “el premio se cobra en la provincia”. A partir de esa dinámica, un porcentaje significativo de las transferencias totales del programa vial se ejecutó de forma simultánea a las sesiones o durante las 72 horas previas a las discusiones legislativas de mayor trascendencia.
Entre los episodios documentados figuran transferencias millonarias en las vísperas del debate de la Ley Bases en el Senado y durante su aprobación definitiva en la Cámara Baja, así como en las jornadas donde se ratificó el veto al financiamiento universitario y la validación del decreto referido al acuerdo con el FMI. Asimismo, la presentación señala giros direccionados hacia distritos como Misiones, Tucumán y Salta en el marco de la discusión del veto jubilatorio o en sesiones vinculadas a leyes de glaciares y zonas frías, mientras que aquellas jurisdicciones cuyos referentes no acompañaron las iniciativas oficiales quedaron totalmente excluidas de los desembolsos.
Frente a la gravedad de los hechos denunciados, los datos con montos, fechas y actas oficiales fueron integrados a una presentación ante la Justicia federal para que se investigue si existió un mecanismo sistemático de condicionamiento presupuestario en las decisiones del Poder Legislativo.