La industria de la indumentaria en Argentina atraviesa un momento crítico que ha pasado de las vidrieras a los tribunales. En los últimos días, empresas emblemáticas como Ted Bodin y Fantome Group —esta última responsable de fabricar prendas para etiquetas de renombre como Reebok, Kappa y Kevingston— han solicitado el concurso preventivo de acreedores. Esta decisión judicial busca evitar la quiebra definitiva ante un escenario de asfixia financiera provocado por una caída estrepitosa en el consumo, que en algunos casos supera el 40% en términos reales, sumado a una deuda acumulada que se volvió insostenible.
El trasfondo de esta crisis combina un mercado interno debilitado y una competencia externa que los productores locales califican como «diabólica». Según explicaron desde Fantome Group, la pérdida de contratos clave con marcas masivas, que optaron por volcarse a productos importados terminados, dejó a las plantas de producción con una capacidad ociosa insostenible. Por su parte, Ted Bodin reconoció que el cambio en el comportamiento del público, que hoy prioriza estrictamente el precio sobre la fidelidad a la marca, ha beneficiado a plataformas digitales de bajo costo y a la mercadería extranjera, desarticulando un modelo de negocios que funcionó durante cuatro décadas.
La situación del rubro textil es hoy una de las más delicadas dentro del entramado manufacturero nacional, con registros de actividad que tocan mínimos históricos en este 2026. La apertura de las importaciones y la dificultad para trasladar los costos de producción a los precios finales han generado un «quiebre estructural» en la cadena. Mientras el sector ya reporta la pérdida de miles de puestos de trabajo entre despidos y suspensiones, las empresas intentan renegociar sus compromisos bancarios y con proveedores para garantizar una continuidad operativa que hoy parece pender de un hilo.