El gobierno de Javier Milei ha formalizado la adjudicación de una central hidroeléctrica a la empresa Hidden Lake, propiedad del magnate británico Joe Lewis, en una decisión que ha generado controversia debido a los cuestionamientos que pesan sobre la firma. Esta medida se suma a otras decisiones similares tomadas en vísperas de las elecciones, lo que ha despertado suspicacias en el ámbito político.
La adjudicación establece las condiciones de explotación y operación de la represa, ubicada en tierras que forman parte del conflicto por el acceso al Lago Escondido. Hidden Lake, la sociedad que figura como propietaria de miles de hectáreas en la Patagonia, ha sido objeto de numerosas denuncias y cuestionamientos.
La Inspección General de Justicia (IGJ) ha denunciado durante años a Hidden Lake, solicitando incluso su intervención judicial y eventual liquidación, al considerar que la compañía es una «pantalla» para ocultar la verdadera propiedad de Joe Lewis. El magnate británico adquirió irregularmente más de 12.000 hectáreas en una zona de seguridad fronteriza a fines de los años 90, en una operación que el propio Ministerio del Interior calificó como ilegal.
Un informe gubernamental de 2023 indicó que Hidden Lake SA es una «sociedad ficticia» que no produce bienes agropecuarios, sino que funciona como una excusa para encubrir la apropiación del lago.
Joe Lewis, cuya fortuna lo ubica entre los más ricos de Gran Bretaña, ha estado involucrado en diversos escándalos y fue condenado en abril de este año por los tribunales de Manhattan a tres años de prisión en suspenso por el uso de información privilegiada.
La adquisición de tierras por parte de Lewis en la Patagonia argentina violó la ley de Seguridad de Fronteras, que establece restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros en zonas cercanas a las fronteras. Para sortear esta limitación, Lewis constituyó una empresa con accionistas argentinos, HR Properties Buenos Aires SA, que luego se transformaría en Hidden Lake SA.
La maraña societaria acumula actas de directorio sin contenido real, fondos offshore, renuncias en cadena de sus directores, represión privada contra manifestantes y hasta el escandaloso viaje de jueces y fiscales invitados a «pescar con mosca» en su estancia en 2022.
La usina hidroeléctrica era operada hasta ahora por Patagonia Energía, también propiedad de Hidden Lake. La central tiene una potencia instalada de 7,2 MW y comenzó a inyectar energía en el sistema nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, al ingresar en el programa de Energías Alternativas Renovar, gozando de beneficios y cobrando el megavatio diez veces más de lo que se le paga a la hidroeléctrica de Salto Grande.