Un fuerte malestar cruzó el Palacio San Martín tras una serie de comentarios públicos vertidos desde el ámbito militar que repercutieron directamente en las relaciones exteriores. Las declaraciones vertidas por Gustavo Javier Valverde en una entrevista encendieron todas las alarmas en el área diplomática encabezada por Pablo Quirno, donde causó profunda molestia que se pusiera en debate la proyección territorial en el extremo sur del continente. La furia del Gabinete se dirigió sin escalas hacia la conducción del Ministerio de Defensa que lidera Carlos Presti, a quien le exigen respuestas urgentes por el traspié de las Fuerzas Armadas.
Durante su intervención en un programa de streaming, el referente aeronáutico fue tajante al señalar la importancia del paso marítimo austral: «Hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas», soltó frente a los micrófonos. A su vez, remarcó que ese sector «es soberanía» y que resulta indispensable garantizar una guardia permanente en la región del Pasaje de Drake y las inmediaciones del Estrecho.
La respuesta trasandina no se hizo esperar y generó tensión inmediata de aquel lado de los Andes. El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, dejó en claro la postura de su administración: «Reiteramos que la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscriptos por ambos países». En la misma línea, el funcionario de la nación vecina agregó: «Hacemos un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno», sentencia que fue respaldada por el titular del Interior chileno, Claudio Alvarado.
Para bajar los ánimos y despejar dudas, las autoridades de la diplomacia nacional emitieron un comunicado de prensa para dar por terminada la polémica y encauzar el vínculo institucional. El texto sostiene formalmente que la postura del país «está determinada por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que considera plenamente vigentes y definitivos». Asimismo, se hizo hincapié en el compromiso conjunto para desarrollar proyectos ambientales en la Antártida y mantener abiertos los canales de diálogo oficial para evitar roces innecesarios.