La Secretaría de Transporte y el Ministerio de Salud coordinaron una readecuación en el esquema de financiamiento destinado a la asistencia integral de la población con discapacidad. El ajuste establecido es del 2,1%, un porcentaje que toma como referencia directa el Índice de Precios al Consumidor medido durante el mes de mayo. Con esta variación, las autoridades buscan dar respuesta a la evolución de los costos operativos de los espacios terapéuticos y de los traslados especiales, manteniendo la frecuencia de las revisiones periódicas previstas en el marco de la emergencia del sector.
Los nuevos valores de referencia modifican sustancialmente los topes de cobertura que las obras sociales y las prepagas deben reconocer a las instituciones. De esta manera, el arancel para un centro de día con modalidad de jornada doble se fijó en $1.058.791,92, mientras que la alternativa de jornada simple quedó establecida en $563.272,78. Por su parte, el módulo destinado a los centros educativos terapéuticos pasó a ser de $1.189.351,59 para el turno completo y de $649.532,62 en los casos de concurrencia reducida. La normativa también contempla valores específicos para tratamientos tempranos, pautando las terapias de estimulación inicial en $399.052,42 y los procesos de rehabilitación intensivos en $173.795,66.
Adicionalmente, la resolución gubernamental ratificó la vigencia de un suplemento del 20% por zona desfavorable para apuntalar la sustentabilidad de los servicios médicos y asistenciales brindados en las provincias patagónicas, donde las distancias y los costos logísticos son habitualmente superiores. De forma paralela a los cambios económicos, se habilitó un mecanismo digital opcional para asociar de manera directa el Certificado Único de Discapacidad a la credencial del sistema SUBE, aclarando expresamente que el documento en formato físico conservará plena validez legal para garantizar la gratuidad en el transporte público de pasajeros en todo el territorio nacional.