Bolivia se encuentra ante un punto de inflexión económico con el reciente anuncio del presidente Rodrigo Paz sobre el fin de la subvención a los combustibles. Esta decisión trascendental, que busca contener el gasto público y combatir el contrabando, vendrá acompañada de un significativo aumento en los precios de la gasolina especial y el diésel. La gasolina especial verá su precio incrementado de 3,79 a 6,96 bolivianos, mientras que el diésel pasará de 3,74 a 9,80 bolivianos. Estos ajustes, que entrarán en vigencia de forma inmediata tras la publicación de un decreto supremo, forman parte de una estrategia más amplia para transferir gradualmente el abastecimiento de combustibles al sector privado, facilitando además la importación privada de diésel.
El mandatario boliviano enfatizó que la eliminación de subsidios no implica un abandono, sino un enfoque hacia «orden y justicia», con medidas adicionales para proteger a «quienes más lo necesitan». Entre estas medidas se destaca un aumento del 20% en el salario mínimo nacional, elevándolo de 2.750 a 3.300 bolivianos (aproximadamente de 395 a 474 dólares). Estas acciones surgen en un contexto donde el gobierno ha revelado que cerca del 30% del combustible subvencionado termina en el mercado negro, y existen sospechas de corrupción y desvío de recursos por parte de funcionarios públicos y trabajadores de YPFB y la ANH. En este sentido, el presidente Paz también anunció la creación de la Comisión de la Verdad para investigar supuestos actos de corrupción en el sector de hidrocarburos durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce, con el objetivo de recuperar recursos desviados y llevar a los responsables ante la justicia.