La modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) encendió una fuerte discusión entre la industria manufacturera y los proveedores vinculados a la minería y al petróleo tras el decreto oficial que amplió qué firmas cuentan como locales para cubrir el 20% de compras nacionales. A partir de esta norma, las compras hechas a filiales locales de grupos extranjeros entran en ese cálculo, un punto que la Unión Industrial Argentina (UIA) avaló al sostener que abarca a compañías que fabrican y pagan impuestos en el país aunque su capital mayoritario sea de afuera, manteniendo las reglas de origen del Mercosur. En las deliberaciones internas de la UIA se mencionó como ejemplo a Toyota, de origen japonés pero productora de la Hilux en la Argentina. En paralelo al debate normativo, Vicuña —el emprendimiento de cobre de BHP y Lundin que apunta al proyecto más grande bajo el régimen— otorgó a las firmas argentinas Modular Homes, radicada en Pocito, y BMI Constructora, con base en Salta, la obra de tres campamentos en San Juan con capacidad para 1.350 trabajadores que levantarán el camino de acceso.

Desde el sector de servicios y suministros, la alarma es distinta y apunta a la pérdida de espacio de las empresas de capital nacional y las pymes frente a competidores con respaldo externo. Leonardo Brkusic, vocero del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), expresó su postura al señalar: «A priori, nos preocupa y vemos una incoherencia con lo que se planteó en Rosario», en alusión a las rondas de negocios iniciales en las que provincias y cámaras pidieron una agenda industrial federal. A dos semanas de la siguiente ronda enfocada en energía e hidrocarburos —donde fuentes del sector ubican el pedido de flexibilización en las propias operadoras—, el GAPP advirtió que las compañías del rubro esperan aún una reducción de impuestos productivos y que los incentivos alcancen a toda la cadena. Un relevamiento de esa entidad sobre 12 proyectos mineros muestra un promedio declarado de participación local cercano al 47%, aunque ese número mezcla obras y no discrimina cuánto corresponde a equipos y partes fabricados en el país.

Brkusic también puso el foco en los controles y alertó: «Si el control de origen es débil, puede resultar más conveniente fabricar los componentes en Asia o en otros mercados y hacer acá el ensamblado final», además de pedir fiscalización sobre la calidad de los bienes importados. El antecedente en Vicuña ya había generado fricciones en junio, cuando cerca de una cuarta parte de otro campamento fue asignada a un consorcio formado por PowerChina, Beijing Chengdong y la santafesina RAFA, mientras la Federación Argentina de Proveedores Mineros objetaba la fabricación de módulos en China frente a la capacidad local y la minera aclaraba que el montaje y las obras civiles se harían en territorio argentino.

En el plano institucional y provincial, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) llevó el debate a la Mesa Federal Minera, con dos encuentros realizados, donde su titular Roberto Cacciola afirmó: «El objetivo es que la mayoría de las compras sean locales. Locales significa argentinas, respetando las prioridades para las comunidades y provincias mineras». La Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) coincidió en reclamar mayor participación nacional con mirada federal, mientras CAPEMISA en Salta advirtió sobre «condiciones de competencia desfavorables» para firmas locales con empleo e inversión en la provincia y CASEMICA en Calingasta, San Juan, pidió derogar el decreto y priorizar primero a las empresas de las comunidades cercanas a los yacimientos, luego al resto de la provincia y recién después a las de otras jurisdicciones. Por su parte, el secretario de Minería, Luis Lucero, defendió la medida al explicar que se dejó sin efecto el requisito del 51% del capital o votos en manos de personas o sociedades con domicilio fiscal en el país por considerarlo impracticable de verificar caso por caso, manteniendo la radicación local para favorecer la llegada de capitales extranjeros.