En un discurso encendido, descartó de plano que la Casa Rosada vaya a intervenir en favor de los deudores o que tenga responsabilidad en la crisis financiera que atraviesan muchos usuarios, remarcando que el Estado no debe entrometerse en compromisos pactados de forma privada.
El mandatario argumentó que no existen motivos válidos para responsabilizar a las decisiones del gabinete por los elevados niveles de morosidad ni por el costo de las tasas de interés que fijan las plataformas y entidades financieras. Según su visión, los contratos firmados entre las partes son de índole estrictamente particular y la suba en los recargos responde al riesgo crediticio asumido, por lo que desestimó las críticas sobre prácticas abusivas que sacuden al mercado.
A pesar de que diversos analistas jurídicos y economistas advierten que la aplicación de rendimientos anuales desproporcionados —como los que alcanzan franjas entre el 800% y el 900% anual en billeteras virtuales al estilo Mercado Pago— configuran un esquema de usura inaccesible de cobrar por la vía legal, la gestión oficial se mantiene firme en no otorgar salvatajes. La postura libertaria ratifica así que cada ciudadano debe hacerse cargo de sus deudas sin asistencia pública ni regulaciones estatales sobre los márgenes cobrados.