La Eurocámara ha tomado una decisión que introduce un nuevo capítulo de incertidumbre en el camino del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. En una reciente sesión, los eurodiputados optaron por remitir el texto del pacto al Tribunal de Justicia de la UE, con el objetivo de que se examine su compatibilidad con la legislación comunitaria. Esta medida, vista por muchos como una estrategia dilatoria más que una genuina preocupación por la legalidad, busca postergar la ratificación del convenio, que ya acumula años de negociaciones. La votación, que resultó en 334 votos a favor y 324 en contra, contó con el respaldo de diversos sectores, incluyendo a la extrema derecha, grupos ecologistas y representantes de países como Francia, Polonia, Austria e Irlanda, quienes parecen responder a las presiones generadas por las protestas del sector agrícola en el continente.
A pesar de este freno parlamentario, el futuro del acuerdo no está completamente sellado. La Comisión Europea y los gobiernos de los estados miembros aún disponen de mecanismos para sortear este obstáculo y avanzar con una aplicación provisional del tratado. Según lo estipulado en el propio documento, la activación podría darse una vez que uno de los países del Mercosur lo apruebe internamente. Esto permitiría que el acuerdo comience a regir de manera temporal entre ese país y la Unión Europea, sin necesidad de la ratificación previa del Parlamento Europeo, ya que el texto solo exige la finalización de los procedimientos internos para su puesta en marcha provisoria. Sin embargo, el artículo 23.3 del acuerdo menciona la necesidad de «notificaciones mutuas», lo que otorga un margen de discreción a la Comisión para decidir si activa o no esta fase, incluso si un socio del Mercosur ya lo ha ratificado.
La decisión final, por tanto, recaerá en una esfera puramente política, ya que la Comisión Europea podría optar por activar esta vía provisional, incluso si ello implica ir en contra de la reciente votación del Parlamento. Cabe destacar que el Tribunal de Justicia de la UE, al que se ha enviado el acuerdo, no tiene la potestad de suspender una aplicación provisional ni de bloquear la ratificación definitiva; su rol se limitaría a señalar posibles errores parciales que requerirían corrección. Mientras tanto, las demoras tienen un costo económico considerable. Un estudio del centro ECIPE estima que el aplazamiento de la ratificación entre 2021 y 2025 ya ha significado una pérdida de 183.000 millones de euros en exportaciones para los países europeos, cifra que podría superar los 215.000 millones para 2026, afectando particularmente a economías como la alemana y la francesa, a pesar de que muchos de sus eurodiputados apoyaron el bloqueo.