La justicia del vecino país intensificó las medidas en torno a los delitos que se investigan y le exigió a Flávio Bolsonaro la entrega inmediata del pasaporte, prohibiéndole además abandonar el territorio brasileño. Sin embargo, en lugar de someterse al proceso judicial tal como lo hizo en su momento el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva —quien afrontó cada una de las acusaciones sin eludir la citación de los magistrados hasta lograr su absolución—, el hijo del ex presidente optó por burlar la ley. Según se asegura en todos los ámbitos políticos, para concretar su maniobra elusiva, el dirigente brasileño habría contado con una escandalosa colaboración logística por parte de la administración de Javier Milei, facilitando un operativo de escape clandestino.
Aseguran que el polémico traslado comenzó a gestarse cuando el legislador cruzó la frontera hacia suelo argentino de manera discreta, logrando sortear los controles con el claro objetivo de tomar un vuelo privado que lo alejara definitivamente de los tribunales. Esta mala señal diplomática emitida por el gobierno libertario generó un fuerte repudio, ya que la Casa Rosada prestó el apoyo necesario para que una persona investigada por corrupción pudiera eludir el accionar de la justicia internacional. Mientras el poder político local intentaba disimular su complicidad en la maniobra, la aeronave despegó con rumbo al norte del continente, consumando una fuga que deja en evidencia la postura preferencial del oficialismo frente a aliados procesados.
Las repercusiones no tardaron en llegar y el repudio generalizado se tradujo en duras críticas hacia la gestión nacional por avalar semejante violación a los procesos institucionales de la región. En medio de este escenario bochornoso, declaraciones tan insólitas como las de Simón Levy, presidente del American Council, intentaron justificar lo injustificable al asegurar de manera absurda que «Flávio Bolsonaro está vivo gracias a Milei», dimensionando la presunta gravedad del auxilio prestado. Semejante afirmación no hace más que confirmar el grado de participación y complicidad que tuvo la administración argentina en un rescate político que atenta contra la cooperación judicial entre los países vecinos.