La gestión internacional frente a la crisis de seguridad en Haití atraviesa un momento de revisión profunda debido a los reiterados obstáculos y a la falta de resultados concretos. Un documento interno que circula en círculos diplomáticos estadounidenses expone las severas fallas operativas de la Fuerza de Supresión de Pandillas respaldada por la Organización de las Naciones Unidas. A un año de su implementación, la fuerza conjunta no logró alcanzar la meta prevista de 5.500 agentes y apenas cuenta con 1.600 efectivos en el territorio.
Las demoras burocráticas y la lentitud logística generaron que amplias zonas del país permanezcan dominadas por agrupaciones delictivas que suman más de 10.000 integrantes. Mientras las calles continúan paralizadas por la violencia y las extorsiones, el documento gubernamental cuestiona la eficiencia de los mecanismos tradicionales y propone un cambio de mando radical. La administración estadounidense evalúa apartar los canales diplomáticos civiles para trasladar la conducción operativa directamente al Comando Sur.
La iniciativa no contempla un despliegue masivo de tropas convencionales sobre el territorio haitiano, sino la incorporación de experiencia táctica, disciplina y capacidad logística para desarticular el crimen organizado. Con el mandato actual prorrogado de manera discreta hasta marzo de 2027, la discusión interna se centra en dejar atrás las resoluciones dilatadas y adoptar una estrategia directa que respalde con eficacia a las fuerzas locales antes de que la situación institucional colapse por completo.
