El Ministerio de Hacienda de Río Negro reveló a la Legislatura detalles actualizados sobre la deuda provincial, respondiendo a un pedido de informe presentado por bloques opositores. La información proporcionada detalla los montos adeudados y las entidades acreedoras, con especial énfasis en el costo del último crédito obtenido con el Banco Patagonia.
Según el informe, la deuda total de Río Negro asciende a 271 millones de dólares, concentrados principalmente en el bono Castello. Además, se informó que la deuda en pesos alcanza los 291.881 millones, calculados a una cotización de 1.074 pesos por dólar, correspondiente al 30 de marzo.
Legisladores de la oposición habían solicitado la diferenciación de las obligaciones en moneda extranjera y nacional, argumentando que las deudas en dólares están sujetas a las fluctuaciones del tipo de cambio. La estabilidad del dólar en los últimos meses ha beneficiado a la provincia, pero una eventual depreciación del peso podría tener un impacto significativo, dada la alta proporción de pasivos en moneda extranjera.
El informe detalla que el 78,5% de las obligaciones pendientes corresponden al bono Castello, cuyo próximo vencimiento de cuota está previsto para septiembre. Además, se informa que los intereses del préstamo de 24.000 millones de pesos otorgado por el Banco Patagonia ascienden a 2.539 millones de pesos.
Hacienda también proporcionó una subdivisión de los acreedores de Río Negro, donde el Estado Nacional representa el 7,2% de las acreencias, los Organismos Internacionales el 12,8%, y los Títulos emitidos el 80%, destacándose el bono Castello.
En cuanto al seguimiento del Plan Castello, la respuesta gubernamental reconoce la existencia del Acta de Constitución de la Comisión de Priorización de Inversiones, pero admite no haber encontrado registros de la conformación de la Comisión de Seguimiento y Control, creada por la ley que autorizó la emisión del bono. A pesar de ello, el gobierno argumenta que la participación de los legisladores en la Comisión de Inversiones permite constatar la operatividad de la Comisión de Seguimiento y Control.