El Senado argentino protagonizó una derrota histórica para el presidente Javier Milei al rechazar su veto a la ley de emergencia en discapacidad con una mayoría contundente de 63 votos a favor y solo 7 en contra. Esta votación representa la primera vez en 22 años que el Congreso revierte un veto presidencial en ambas cámaras, reafirmando la vigencia de la ley que declara la emergencia en discapacidad y establece medidas para actualizar las pensiones no contributivas y los aranceles correspondientes.
La sesión estuvo marcada por fuertes críticas al gobierno y a Milei, con legisladores opositores denunciando corrupción y cuestionando la gestión oficial. José Mayans, uno de los senadores más críticos, llegó a pedir la destitución del presidente, mientras que otros destacaron la necesidad de gestionar con humanidad y evitar recortes que afecten a los sectores más vulnerables. Por su parte, algunos pocos aliados del oficialismo defendieron el veto, aunque sin éxito.
En paralelo, el Gobierno decidió pausar la auditoría sobre las pensiones por discapacidad que se estaba realizando, tras la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por denuncias de corrupción en la compra de medicamentos. Hasta el momento, se habían dado de baja más de 128 mil beneficiarios por irregularidades, pero esta revisión quedó suspendida mientras se profundiza la investigación interna. Además, no se avanzará con nuevas bajas ni citaciones hasta que concluya este proceso, y se evalúa la posibilidad de transformar administrativamente la ANDIS para mejorar la transparencia, aunque esta medida requeriría aprobación legislativa.
Frente a este escenario, el Ejecutivo analiza cómo sortear el escollo político generado por la derrota en el Senado y la presión opositora, especialmente en un contexto electoral complejo con las elecciones en la provincia de Buenos Aires a la vuelta de la esquina. El presidente Milei, actualmente en Estados Unidos, planea llevar la cuestión al límite del plazo legal para decidir si judicializa el conflicto o busca otras estrategias para evitar la aplicación plena de la ley.