La provincia de Misiones se encuentra sumida en una ola de protestas que amenaza con paralizar por completo la actividad. Lo que comenzó como un reclamo policial por aumentos salariales se ha expandido a otros gremios clave como trabajadores de la salud y el sector energético.
El detonante fue la toma del Ministerio de Salud Pública por parte de sus empleados, quienes exigen un incremento del 100% en sus haberes para recuperar el poder adquisitivo de octubre. Juan Pasman, vocero del movimiento, criticó el acuerdo firmado por ATE alegando que «no tiene el respaldo de las asambleas».
Mientras tanto, las calles de Posadas se vieron tomadas por una multitud que apoya las demandas policiales. «En Misiones hay una dictadura disfrazada de democracia», denunció Ramón Amarilla, representante de los uniformados. Además de mejoras salariales, reclaman amnistía para los manifestantes.
La crisis se profundizó con el corte de la empresa estatal Energía de Misiones por parte de sus trabajadores, disconformes con los retrasos en las actualizaciones salariales. Incluso el gremio docente se plegó a las protestas.
«El Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo extraordinario. No pueden venir con un 15% y luego un 20%. Es una falta de respeto», advirtió Amarilla ante la muchedumbre reunida frente al Comando Policial. El descontento atraviesa todos los sectores públicos misioneros.
Las autoridades provinciales se ven obligadas a reabrir el diálogo ante el creciente malestar social y el riesgo de un colapso total de servicios esenciales. La crisis salarial tomó proporciones inéditas con la confluencia de gremios que reclaman medidas urgentes.