El receso invernal llegó a su fin y los pasillos de Comodoro Py vuelven a tomar temperatura con el caso que salpica las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad. El expediente que lleva adelante el fiscal Franco Picardi entra en una etapa de definiciones. Tras el desfilar de decenas de sospechosos entre los que figuran exintegrantes del organismo, intermediarios y proveedores de insumos de salud, el juzgado conducido por Ariel Lijo se prepara para dictaminar la situación procesal de un grupo de treinta personas. De avanzar las imputaciones, la lista de procesados ascendería a cerca de medio centenar.
El foco de los investigadores no solo está puesto en el presunto direccionamiento de compras públicas y el cobro de retornos a través del programa Incluir Salud, sino también en las maniobras posteriores para Blanquear esos fondos. Según la hipótesis principal, el dinero del Estado destinado a sectores vulnerables terminaba triangulado en operaciones con criptomonedas y facturación trucha. A la par, las miradas apuntan al peritaje de los audios que comprometen a Diego Spagnuolo. Tras varios contratiempos con los técnicos, la Gendarmería deberá poner marcha a los exámenes acústicos para determinar si la voz pertenece efectivamente al ex funcionario y si hubo manipulación digital en el material.
Por su parte, la estrategia defensiva de Diego Spagnuolo busca frenar este procedimiento. El exdirector del área rechazó presentarse a la prueba de voz argumentando que se trata de una medida que vulnera sus garantías contra la autoincriminación, un reclamo que ya escaló a la Cámara de Apelaciones. Mientras tanto, la alzada lidia con sus propias demoras operativas para definir la situación de la primera camada de procesados, cruzada por internas, vacantes tras la salida de integrantes clave y el lento envío de la documentación original.