La transparencia en la designación de los magistrados ha vuelto a quedar bajo la lupa tras conocerse un informe detallado sobre los pliegos enviados recientemente por el Poder Ejecutivo al Senado. Según los datos analizados, en el 18% de las postulaciones para cubrir vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías, los nombres elegidos no corresponden a quienes encabezaban el orden de mérito original. Este desplazamiento de candidatos mejor puntuados por otros que ocupaban lugares inferiores en el ranking técnico despierta suspicacias sobre los criterios de selección aplicados por la actual administración.
El peritaje realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) revela que, de las 67 personas propuestas para integrar el Poder Judicial, al menos 12 lograron «saltar» posiciones gracias a las instancias de entrevistas personales, un espacio donde la discrecionalidad política suele tener mayor peso que el rendimiento académico o los antecedentes. En casos extremos, algunos postulantes que figuraban en puestos muy relegados en el puntaje técnico inicial terminaron integrando las ternas finales, desplazando a profesionales que habían obtenido un desempeño superior en las etapas previas del concurso.
Esta situación reaviva el debate sobre si el gobierno de Javier Milei está repitiendo las mismas prácticas que tanto criticó de sus antecesores. Al igual que ocurrió con la defensa de funcionarios cuestionados, la selección de jueces basada en la conveniencia política en lugar del mérito técnico parece ser una moneda corriente que se mantiene inalterada. La táctica de priorizar la lealtad o la afinidad por sobre la capacidad técnica no solo debilita la independencia judicial, sino que también pone en duda la verdadera voluntad de cambio que se prometió a la ciudadanía, evidenciando una preocupante continuidad en los métodos de construcción de poder dentro de las instituciones.