La privatización del icónico estadio de Mar del Plata entró en una etapa de fuertes cuestionamientos debido a las sospechas que rodean al proceso de adjudicación y a la visible inactividad en el predio. La Justicia Federal comenzó a intervenir tras una presentación formal que apunta a posibles irregularidades financieras y administrativas en la entrega del complejo por un plazo de tres décadas. La mira está puesta sobre la firma ganadora, integrada por capitales brasileños, cuya solvencia económica e idoneidad institucional para hacerse cargo de un patrimonio público tan importante están siendo puestas en duda.
El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani es quien motoriza la investigación, bajo la hipótesis de que pudo haber maniobras compatibles con defraudación al Estado, lavado de activos y connivencia por parte de las autoridades políticas locales que avalaron el contrato. Desde el ámbito judicial se requirieron informes comerciales detallados sobre la constructora internacional Revee, que forma parte de la sociedad administradora Minella Stadium S.A., para comprobar si existieron los filtros adecuados antes de delegar la explotación de la infraestructura deportiva marplatense. Según trascendió, se analiza el trasfondo de la única oferta presentada en su momento y si el municipio cumplió con los pasos obligatorios de control.
Paralelamente, las críticas escalaron de manera contundente en el plano legislativo provincial. Distintos representantes de la oposición vienen denunciando que las promesas edilicias millonarias siguen en la nada absoluta, mientras que la empresa alega que las tareas realizadas hasta el momento corresponden a inversiones estructurales «que no siempre son visibles». El expediente avanza a paso firme con pedidos de declaraciones de legisladores y pedidos de asistencia a la justicia del vecino país para esclarecer el verdadero origen de los fondos, lo que podría derivar en un conflicto institucional de proporciones para la gestión del municipio balneario.