El último informe técnico del Fondo Monetario Internacional trajo consigo un reclamo explícito que sacudió los despachos oficiales. En el apartado denominado «box 9», el organismo multilateral puso la lupa sobre el rezago institucional del país en materia de transparencia y exigió de manera directa a la administración de Javier Milei un endurecimiento en los controles patrimoniales. Las observaciones cobran peso propio al apoyarse en datos globales: el reporte resalta que Argentina obtuvo una calificación de apenas 36 puntos sobre un máximo de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 elaborado por Transparencia Internacional, un indicador que expone las deudas pendientes en el área institucional.
La advertencia del staff financiero caló hondo en la Casa Rosada porque describe falencias que coinciden con la situación de Manuel Adorni, quien viene arrastrando una prolongada demora para poner al día sus papeles ante las autoridades de control. Según el documento del Fondo, «los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse» y se detalla con precisión que «los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual». El texto técnico también prende luces de alerta sobre la debilidad para sancionar los conflictos de intereses y la preocupante percepción pública respecto a la falta de independencia dentro del Poder Judicial.
Más allá del frente doméstico, el reclamo del organismo confirma que el estancamiento de los papeles de Manuel Adorni ya escaló al plano internacional y genera ruidos tanto en Wall Street como en el gobierno de Donald Trump, donde preocupa el impacto que este tipo de episodios pueda tener sobre la sustentabilidad política del proyecto oficial. La postura formal expuesta en el reporte técnico contradice de manera abierta las declaraciones previas de Luis Caputo, quien había minimizado el asunto afirmando que en el corazón financiero neoyorquino se tomaban el tema a la ligera y que carecía de consecuencias reales sobre el programa económico.