Un juez de Mar del Plata, Martìn Poderti, se encuentra al borde de la destitución tras ser acusado de robar 144 monedas de oro que estaban bajo su custodia en una caja de seguridad del Banco Nación. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura ha decidido elevar el caso al jurado de enjuiciamiento y ha solicitado su suspensión inmediata debido a la gravedad de las acusaciones.
Poderti, quien actualmente preside el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, fue secretario del Juzgado Federal N°2 de San Isidro en el período en que se habrían realizado las sustracciones, entre diciembre de 2019 y febrero de 2023. Durante ese tiempo, tenía a su cargo una caja de seguridad que contenía objetos de valor incautados en el marco de una investigación judicial. Se ha comprobado que accedió a la caja en 19 ocasiones sin justificación, incluso en momentos en que se encontraba de licencia.
La defensa del juez argumenta que los hechos ocurrieron cuando él era secretario y no juez, por lo que debería ser sancionado administrativamente en lugar de enfrentar un juicio político. Sin embargo, esta defensa ha sido rechazada por la Comisión de Acusación, que ha señalado la gravedad de las acusaciones y la incongruencia de que una persona con una alta investidura estatal, encargada de juzgar a otros, pueda ser acusada de robo.
Además, se ha revelado que Poderti tiene un historial de controversias, incluyendo una suspensión de cinco años por un incidente violento en el ámbito del rugby, lo que ha añadido más peso a las acusaciones en su contra. La situación se complica aún más por la necesidad de una mayoría especial de dos tercios en el Consejo de la Magistratura para avanzar con el juicio político y la suspensión del juez.
La Comisión de Acusación ha enfatizado la importancia de su decisión, subrayando que la integridad del sistema judicial está en juego. La resolución sobre la detención y el juicio político de Poderti se espera en los próximos días, mientras el caso sigue desarrollándose en un contexto de creciente preocupación por la corrupción en el ámbito judicial.