El plan de reducción del empleo estatal sumó un nuevo capítulo de tensión con la desvinculación de casi un centenar de trabajadores contratados en la Comisión Nacional de Energía Atómica. A través de la plataforma virtual de gestión oficial, decenas de técnicos, investigadores y profesionales con amplia trayectoria empezaron a recibir los avisos de que sus convenios, que se venían extendiendo trimestralmente, no serían renovados. La medida generó un clima sumamente complejo en la sede central del barrio porteño de Núñez, donde la falta de respuestas derivó en una protesta y la posterior intervención de las fuerzas federales de seguridad.
La cúpula del sindicato estatal que nuclea a los empleados repudió fuertemente el operativo, manifestando que las bajas representan cerca del 20% del personal bajo esta modalidad y que afectan directamente a sectores sensibles del desarrollo nuclear argentino, como los proyectos de los reactores CAREM y RA-10. Desde el gremio denunciaron que la conducción a cargo de Martín Porro se negó a recibirlos y que la respuesta oficial consistió en desplegar a personal de Gendarmería Nacional en el interior de las instalaciones para desalojar el lugar tras los reclamos. El jefe del sindicato, Rodolfo Aguiar, expresó: «Las desvinculaciones afectan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas».
Por su parte, el Ejecutivo nacional dio su versión sobre las bajas en su habitual contacto con la prensa. El vocero oficial, Adrián Ravier, minimizó el impacto y enmarcó la decisión dentro de una profunda reestructuración que redujo el esquema organizativo del organismo científico en un 57,83%, pasando de un organigrama de 645 puestos a 272. Desde Balcarce 50 defendieron estas políticas fiscales señalando que la quita de cargos, dependencias y locaciones estatales ya genera un ahorro anual consolidado que supera los 2.505 millones de dólares para las arcas públicas.