El escenario en el enclave africano se volvió insostenible para las autoridades locales a raíz del cruce masivo e intempestivo de decenas de miles de personas en un puñado de horas. La parálisis operativa del Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez dejó en evidencia una preocupante falta de previsión y una notoria incapacidad para coordinar acciones efectivas en el paso fronterizo. Apenas se desató la ola, los puntos de asistencia colapsaron por completo, obligando al despliegue tardío de las Fuerzas Armadas ante la desesperada solicitud de auxilio de los funcionarios del territorio.
Esta falta de reacción contundente ante el flujo irrestricto de más de 60.000 migrantes dinamitó la paciencia de varios socios de la Unión Europea. La respuesta más drástica llegó desde Roma, donde la gestión de Giorgia Meloni decidió cortar por lo sano y suspender de forma unilateral el acuerdo Schengen con la península ibérica. De esta manera, el gobierno italiano restableció los controles estrictos en puertos y aeropuertos para todos los pasajeros procedentes de territorio español, dejando al descubierto la profunda brecha política y la pérdida de confianza internacional en la administración de Pedro Sánchez.
Mientras desde Madrid intentaron desligar la crisis de los recientes movimientos diplomáticos en el norte de África y responsabilizaron a las redes sociales por desinformar sobre supuestas aperturas de fronteras, la indignación en Bruselas fue en aumento. El choque institucional escala a pasos agigantados: Sánchez tachó la decisión de Roma como una jugada «egoísta, polarizadora e ilegal», mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el descalabro en las fronteras como «inaceptable», acorralando todavía más al gobierno español en el tablero regional.