El gobierno ha introducido modificaciones sustanciales en el proyecto de ley de reforma laboral, buscando asegurar su aprobación en el Congreso durante el actual período de sesiones extraordinarias. Estos ajustes, que se discutirán en el Senado este miércoles, responden a negociaciones y demandas de diversos sectores, incluyendo gobernadores provinciales, centrales sindicales y cámaras empresariales, con el objetivo de que la normativa esté lista para ser mencionada en el próximo discurso presidencial del 1 de marzo.
Una de las principales concesiones se relaciona con el ámbito fiscal. Tras intensas presiones de los mandatarios provinciales, se eliminó el artículo que proponía una reducción del 30% al 27% en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes corporaciones. Esta medida había generado preocupación por su impacto en los fondos coparticipables, y su retiro fue crucial para obtener el respaldo necesario, dado que el oficialismo no contaba con los votos suficientes para su aprobación y, según trascendió, el propio Poder Ejecutivo habría reconsiderado su conveniencia para el superávit fiscal.
En cuanto a las negociaciones con la Confederación General del Trabajo (CGT), se lograron mantener algunos puntos clave para la estructura sindical. Se acordó la continuidad del aporte solidario a los gremios por un período de dos años, aunque con un tope del 2%. Asimismo, se mantuvo en 6% la alícuota de las cargas patronales destinadas a las obras sociales, desestimando la propuesta original de reducirla al 5%. Las empresas seguirán siendo las encargadas de retener las cuotas de afiliación sindical. Sin embargo, la CGT no consiguió eliminar la limitación del derecho de huelga en servicios esenciales ni la necesidad de solicitar autorización patronal para realizar asambleas en los lugares de trabajo.
Finalmente, las cámaras empresariales también vieron reflejadas algunas de sus inquietudes. Se ratificó el aporte obligatorio a estas entidades, con un límite del 0,5%, y se confirmó la bancarización de los salarios, descartando el uso de billeteras virtuales para este fin. Se prevé la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos sin causa, con contribuciones del 2.5% para pymes y 1% para grandes empresas. Además, se limitará la base de cálculo para los juicios laborales a los salarios de los trabajadores, excluyendo aguinaldos y vacaciones, y se permitirá el pago en cuotas de las indemnizaciones.