Marco Lavagna ha presentado su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un acontecimiento que se produce a pocos días de la divulgación de un nuevo índice de inflación. Esta decisión sigue a una significativa revelación del Banco Central, que admitió que la postergación en la aplicación de un Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado contribuyó a que la inflación reportada fuera menor durante los últimos dos años. Esta declaración de la autoridad monetaria confirma, de hecho, las sospechas previas sobre la manipulación de los datos.
La dimisión de Lavagna, comunicada al equipo técnico del organismo, habría sorprendido tanto al Ministerio de Economía como a la Casa Rosada, según fuentes cercanas. El nuevo indicador de inflación, que se espera con gran expectativa, será publicado en breve y utiliza parámetros revisados para reflejar de forma más precisa los patrones de consumo actuales. La demora en su implementación, especialmente en un año electoral, había generado interrogantes sobre si el gobierno temía cifras de inflación más elevadas. Un técnico experimentado del Indec, conocedor de la situación, afirmó: «Se tendría que haber ido antes, perdió prestigio.»
El reciente Informe de Política Monetaria del Banco Central detalló que, de haberse empleado el IPC revisado, la inflación habría sido superior, principalmente por el impacto de las actualizaciones en las tarifas de servicios públicos. El documento explicó que el lanzamiento del nuevo IPC en 2026, tras una recomposición tarifaria, evitó una posible sobreponderación del gasto en electricidad y gas. Por ejemplo, en 2024 y 2025, los servicios aumentaron significativamente más que los bienes. El propio BCRA ahora prevé que «las actualizaciones de las tarifas de los servicios públicos, los mecanismos indexatorios en alquileres y expensas, y la evolución de los salarios tenderán a impactar relativamente más en el nuevo IPC.»
La gestión de Lavagna no ha estado exenta de otras polémicas. En septiembre de 2025, el Indec reportó una mejora inesperada en la actividad económica que, según críticos, evitó una recesión técnica tras ajustes en series de datos y la inclusión de cifras de crecimiento inusuales. También hubo cuestionamientos sobre la medición de la pobreza, con el Observatorio Social de la UCA sugiriendo que la reducción informada podría estar sobreestimada y pidiendo una actualización de los criterios.