El Estado nacional destinó una porción minoritaria de los recursos previstos para asistir a las regiones del interior en situaciones de urgencia. De acuerdo con los registros de la consultora Analytica, durante los primeros diez meses del año el fondo acumuló más de $1 billón —precisamente $1.024.482 millones—, de los cuales el Poder Ejecutivo apenas devengó $197.500 millones. Esto significa que se dejó sin distribuir el 80,7% de los recursos disponibles, reteniendo en las cuentas nacionales unos $826.982 millones.
Esta dinámica de subejecución se da en paralelo a las negociaciones que encabeza el ministro de Economía, Luis Caputo, con los mandatarios provinciales para avanzar en la supresión de tributos distorsivos. La propuesta oficial apunta a eliminar el impuesto a los Sellos y compensar a los distritos por la mitad de la recaudación que dejen de percibir. Pese a este escenario de tensión fiscal y a los reclamos de los jefes territoriales por la merma en los envíos coparticipables, el nivel de ejecución actual de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se ubicó en el 19,3%, mostrando una leve mejora frente a los magros registros de 2024 y 2025, cuando se había llegado a gastar apenas un 5,4% y un 17,1% respectivamente.
El reparto de estos fondos discrecionales alcanzó a 15 jurisdicciones a lo largo del período. Misiones lideró el listado de las más beneficiadas con una asignación de $28.000 millones, seguida por Corrientes con $22.500 millones y Catamarca con $18.500 millones. Más atrás se ubicaron Salta y Entre Ríos con $18.000 millones cada una, mientras que Chaco y Mendoza obtuvieron $14.000 millones por distrito. En los escalones inferiores figuraron Jujuy con $13.500 millones, Neuquén con $12.000 millones, San Juan con $10.000 millones y Santa Fe con $8.000 millones. Las cifras se completaron con Chubut ($6.500 millones), Santa Cruz ($6.000 millones), Córdoba ($5.000 millones) y La Pampa ($3.500 millones).
La retención de estos recursos generó fuertes rispideces políticas con los jefes provinciales. Desde la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof cuestionó duramente la retención de los fondos y advirtió que el Gobierno nacional “se está apropiando ilegalmente” de partidas que por ley deben destinarse a la asistencia de emergencias. Mientras los despachos oficiales discuten un nuevo pacto fiscal que incluya la baja de gravámenes provinciales, las administraciones locales continúan reclamando mayor previsibilidad financiera para equilibrar sus cuentas en un contexto de retracción de la actividad económica.