La propuesta de habilitar firmas administradas exclusivamente por algoritmos e inteligencia artificial perdió el impulso que traía entre los legisladores, salpicada por el cimbronazo internacional que desataron recientes advertencias de especialistas sobre los peligros potenciales de estas herramientas tecnológicas.
La iniciativa, ideada por Federico Sturzenegger dentro de la revisión integral de la Ley General de Sociedades, contempla el funcionamiento de entidades constituidas a partir de sistemas autónomos, capaces de operar sin la necesidad de personal o recursos humanos directos. Si bien la intención original de la bancada oficialista era acelerar el trámite en las comisiones de la Cámara Alta, varios senadores de espacios aliados comenzaron a marcar marcadas reservas frente a este apartado en particular.
Frente a este escenario de estancamiento, dentro de los bloques parlamentarios admiten que la discusión quedó desplazada del temario prioritario para el corto plazo. No obstante, Patricia Bullrich intentó moderar el impacto proponiendo modificar la redacción para exigir la identificación obligatoria de personas físicas responsables detrás de cada desarrollo automatizado. Esta variante fue bien recibida por el propio Federico Sturzenegger, quien aclaró que la intención original solo apuntaba a que «la gestión operativa de esa sociedad no la hicieran humanos, sino programas, softwares, robots, o lo que fuera».
Por su parte, Javier Milei volvió a destacar la importancia estratégica de estas herramientas y su convicción de ubicar al país a la vanguardia de la materia. Frente a las críticas que cuestionaron la falta de controles sobre los entes autónomos, el mandatario nacional argumentó públicamente que fijar un esquema regulatorio para las firmas gestionadas por algoritmos implica que estas deben someterse a la normativa vigente, quedando expuestas a sanciones o ejecuciones como cualquier otra organización tradicional.