La ciudadanía ecuatoriana ha emitido un mensaje claro en las urnas, rechazando de manera contundente las cuatro propuestas presentadas en el reciente referéndum nacional. Este resultado representa un freno significativo para la agenda de reformas institucionales impulsada por el presidente Daniel Noboa, abriendo un nuevo capítulo en el panorama político del país.
Las iniciativas, que buscaban modificar aspectos clave de la Constitución de Montecristi de 2008, no lograron el respaldo popular. Los votantes se opusieron a la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras, con un «No» que superó el 60%. De igual forma, la propuesta para suprimir el financiamiento público a los partidos políticos fue rechazada por cerca del 57% del electorado. La reducción del número de asambleístas obtuvo un 53% de votos en contra, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para redactar una nueva carta magna, enfrentó la mayor resistencia, con un «No» que rozó el 61%.
Ante la tendencia irreversible de los resultados, el presidente Daniel Noboa reconoció la voluntad popular. «Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano», afirmó el mandatario en la plataforma X. Añadió que su administración seguirá trabajando «por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos». Este veredicto popular limita las aspiraciones del gobierno de reconfigurar el escenario legislativo y de seguridad, así como de impulsar una nueva Constitución.
El rechazo a las reformas se gestó en un contexto de profunda crisis política y social, donde diversas organizaciones, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), sindicatos y partidos de oposición, lograron articular una campaña efectiva. Estos grupos cuestionaron la apertura a fuerzas militares foráneas, la eliminación de fondos públicos para partidos y el potencial riesgo de concentración de poder. A pesar de que el gobierno defendió sus propuestas como instrumentos para «garantizar seguridad, transparencia y eficiencia», la ciudadanía, marcada por años de inestabilidad y violencia, optó por la cautela, prefiriendo mantener el marco institucional actual.