La legisladora Marcela Pagano formalizó una presentación judicial para que se investigue un presunto mecanismo de cartelización y desvío de dinero público en una adjudicación destinada al cuidado y riego de los espacios verdes de la residencia presidencial y la Casa Rosada. La mira de la acusación apunta directamente a la gestión de Karina Milei, encargada del control de la Secretaría General de la Presidencia.
El nudo del conflicto gira alrededor de una compulsa de precios por un total de 700 millones de pesos, donde la falta de una competencia real encendió las alarmas de la denunciante. Según se detalla en el escrito, las dos corporaciones que pujaron formalmente por quedarse con el millonario servicio —La Mantovana y Grub— responderían en los hechos al mismo dueño. Esta situación habría configurado una puesta en escena corporativa para simular una rivalidad de ofertas inexistente, logrando que el mismo holding se asegurara la adjudicación del presupuesto de manera irregular.
Por si fuera poco, la sospecha no termina en el plano netamente empresarial. Marcela Pagano alertó además sobre la posibilidad de que el empresario beneficiado guarde una relación de parentesco directa con María Belén Agudiez, una funcionaria clave del riñón íntimo de la hermana del primer mandatario. Ante semejantes indicios, los despachos judiciales ya comenzaron a moverse: el fiscal federal Ramiro González solicitó formalmente el expediente completo del trámite para analizar si corresponde avanzar con imputaciones por supuestos delitos en perjuicio de las arcas del Estado.