La magistrada que decidió liberar a las 114 personas detenidas durante los disturbios en el Congreso, en el marco de una movilización en defensa de los jubilados, ha defendido su resolución, argumentando que priorizó el derecho a la protesta. Karina Andrade, quien ocupa un cargo en la justicia penal y contravencional de Buenos Aires, explicó que no se centró en los antecedentes penales de los detenidos, ya que su función era verificar si existía algún pedido de captura vigente. En su opinión, el hecho de que los detenidos estuvieran participando en una manifestación protegida por la Constitución fue fundamental para su decisión.
En una entrevista, Andrade expresó que su resolución no fue impulsiva, sino que se enmarcó en la defensa de derechos constitucionales. “No fue una decisión trasnochada”, afirmó, destacando que tanto la Policía como el fiscal no presentaron pruebas suficientes para justificar las detenciones. La jueza también hizo hincapié en que su deber era garantizar que se respetaran los derechos de los ciudadanos, y que las detenciones se llevaron a cabo sin la información adecuada para fundamentar su legalidad.
La respuesta del gobierno nacional no se hizo esperar, y varios funcionarios criticaron la decisión de Andrade. El jefe de Gobierno de la Ciudad mencionó que más de la mitad de los detenidos contaba con antecedentes penales graves, mientras que el jefe de Gabinete lamentó que la justicia hubiera liberado rápidamente a la mayoría de los arrestados. Andrade, por su parte, aclaró que aquellos que portaban armas durante la protesta no fueron liberados y que la investigación sobre esos casos continúa. La magistrada también se defendió de las acusaciones que la vinculan con el kirchnerismo, asegurando que su trayectoria es técnica y no política.
Finalmente, el gobierno anunció que presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, argumentando un posible incumplimiento de funciones por parte de la jueza. La situación ha generado un amplio debate sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y la necesidad de mantener el orden público.