El gobierno ha logrado mantener su veto al aumento de financiamiento para universidades, gracias al apoyo crucial del bloque del PRO y de los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil. La estrategia del oficialismo se centró en negociar con los mandatarios provinciales, quienes jugaron un papel determinante al instar a sus diputados a rechazar el proyecto de ley que buscaba incrementar los recursos para las instituciones educativas. A pesar de que la oposición reunió 160 votos, no alcanzó los dos tercios requeridos para revocar el veto, lo que permitió al gobierno anotarse una victoria importante en el Congreso.
Durante la votación, se registraron varias ausencias que favorecieron al oficialismo. Ocho legisladores no se presentaron, lo que generó suspicacias sobre la posible coordinación con el gobierno, mientras que otros diputados que respaldaron al oficialismo lo hicieron bajo instrucciones de sus gobernadores. Uno de ellos expresó su apoyo a las manifestaciones en defensa de la universidad pública, pero decidió alinearse con la postura de Jaldo, quien había enfatizado la importancia de la educación superior en el pasado. Esta dinámica resalta las tensiones internas dentro del peronismo y la presión que ejercen los líderes provinciales sobre sus legisladores.
La situación se torna más compleja cuando se considera que varios diputados justificaron su ausencia por cuestiones personales o de salud, lo que ha generado críticas y desconfianza en la oposición. Esto incluye a legisladores que, a pesar de haber manifestado su apoyo a las universidades, se ausentaron en el momento crucial de la votación. La falta de asistencia de figuras clave se interpretó como una maniobra orquestada por el gobierno para asegurar la victoria en este veto, lo que ha alimentado la frustración entre quienes defienden la educación pública.
El veto de Milei ha provocado un descontento creciente en el ámbito universitario, con protestas que se intensifican a medida que se percibe una amenaza a la financiación de la educación superior. Las reacciones no se han hecho esperar, destacando el apoyo de algunos sectores a la decisión del gobierno, mientras que otros critican severamente la falta de compromiso con la educación pública. La situación se desarrolla en un contexto de polarización política, donde cada movimiento del gobierno se observa con lupa, y las decisiones en el Congreso pueden tener un impacto duradero en la política educativa del país.