El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, presentó ante la justicia un exhaustivo informe que arroja luz sobre los cuestionados subsidios vinculados al programa «Políticas Alimentarias» durante la gestión de Alberto Fernández. Las revelaciones son contundentes.
Según los datos oficiales aportados, un total de 38 organizaciones sociales recibieron la millonaria suma de 6.000 millones de pesos en concepto de asistencia alimentaria. Sin embargo, el escándalo radica en que muchos de los comedores y merenderos declarados por estas entidades no existen o nunca llegaron a funcionar.
«En el 92% de los casos no hubo trazabilidad sobre el destino final de los insumos», denunció la subsecretaria legal Leila Gianni, poniendo en tela de juicio la transparencia en el manejo de estos recursos cruciales para los sectores más vulnerables.
Las organizaciones más favorecidas pertenecen al arco político del peronismo, con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) a la cabeza. Figuras como Juan Grabois, Emilio Pérsico y el Movimiento Evita aparecen como protagonistas de esta trama que involucra a entidades civiles y movimientos piqueteros de izquierda.
«Estas organizaciones lucraron con el hambre de los sectores más vulnerables», acusó Gianni, exigiendo que se investigue a los funcionarios que no ejercieron los debidos controles sobre el destino de los fondos públicos.
Mientras las organizaciones sociales niegan enfáticamente las acusaciones, el Gobierno avanza en su denuncia por presuntos actos de corrupción contra el pueblo argentino. La tarea de esclarecer este caso que involucra millones de pesos destinados a combatir el hambre recién comienza.