La causa judicial por la fabricación y distribución del fentanilo mortal, que provocó la muerte de 140 pacientes, ha cobrado un nuevo giro con la incorporación de destacados abogados vinculados a distintos sectores políticos en la defensa del clan García Furfaro. Entre los nuevos defensores se encuentran Marcos Aldazábal, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, y Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad durante el gobierno de Alberto Fernández. Ambos forman parte del mismo estudio jurídico que integra Juan Martín Mena, ministro de Justicia bonaerense, y representan a figuras de alto perfil político, como Milagro Sala.
Por otro lado, la defensa de Javier Martín Tchukrán, uno de los responsables de la elaboración del fentanilo adulterado, está a cargo de Roberto Rallin, un penalista cuyo estudio mantiene vínculos con La Libertad Avanza y es socio de Francisco Oneto, asesor legal de Javier Milei. Esta conexión implica que el estudio de un abogado cercano a Milei también participa en la defensa de socios del clan García Furfaro, lo que añade una complejidad política y judicial al caso. Rallin y Oneto también representan a Federico “Fred” Machado, empresario acusado de lavado de dinero vinculado al narcotráfico, cuya extradición a Estados Unidos fue autorizada recientemente.
El expediente sigue avanzando bajo la supervisión del juez Ernesto Kreplak, con pruebas contundentes del Instituto Malbrán que evidencian graves fallas en la producción de los lotes contaminados de fentanilo por parte de HLB Pharma, empresa propiedad de la familia García Furfaro. La acusación sostiene que los procesados actuaron como coautores responsables de decisiones que derivaron en la circulación de medicamentos adulterados, poniendo en riesgo la salud pública.
Esta alianza de defensores, que reúne a abogados vinculados tanto al kirchnerismo como al entorno presidencial y a sectores emergentes como La Libertad Avanza, refleja la complejidad política que rodea a la causa y la importancia estratégica que tiene para los involucrados. Mientras tanto, la justicia espera la resolución de la Cámara Federal de La Plata sobre las apelaciones presentadas, en un caso que sigue generando gran repercusión en la agenda nacional.