El gobierno de Estados Unidos ha decidido respaldar el reclamo de Argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el marco del litigio por la expropiación de YPF. Esta decisión se produce en relación al pedido de Burford Capital de quedarse con el 51% de las acciones que el Estado argentino posee en la compañía.
El Departamento de Justicia de EEUU presentará un escrito como amicus curiae (amigo del tribunal) apoyando la postura de la defensa argentina, que busca suspender el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien condenó a Argentina a pagar USD 16.000 millones por la forma en que se llevó a cabo la expropiación de la petrolera en 2012.
El documento que formaliza este apoyo lleva la firma de David E. Farber, asistente del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Esta no es la primera vez que EEUU se involucra en este caso, ya que el año pasado, bajo la presidencia de Joe Biden, también había expresado su opinión al respecto.
Según Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, la intervención del gobierno estadounidense busca influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo de Preska mientras se tramita la apelación. Sin embargo, aclaró que, por el momento, este respaldo no se extiende a la apelación vinculada a la orden de entrega de las acciones de YPF ni al fallo de los USD 16.100 millones.
Paralelamente, el gobierno argentino continúa buscando alianzas con otros países para que se presenten también como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones. Esta estrategia conjunta, impulsada por la Cancillería y la Procuración del Tesoro, parece estar dando resultados, ya que se espera que Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania se sumen a este apoyo.
En octubre del año pasado, el gobierno de Biden ya había recomendado a la jueza Preska que no tuviera en cuenta el pedido de Burford de quedarse con las acciones de YPF, argumentando que conceder esa orden violaría las normas de inmunidad soberana de ese país. En aquella oportunidad, el entonces fiscal de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, había asegurado que los jueces estadounidenses no tienen competencia para ejecutar bienes de estados extranjeros.
A pesar de este respaldo, la jueza Preska, cercana al partido Republicano y de tendencia conservadora, no tuvo en cuenta el pedido y ordenó el traspaso de acciones. Los antecedentes muestran que los jueces escuchan los argumentos de los amicus curiae, pero no siempre siguen sus recomendaciones.