La Corte Suprema de Justicia de Argentina se encuentra en una encrucijada crucial, ya que podría decidir esta semana si toma juramento a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, quienes fueron designados por el presidente Javier Milei. El mandatario ha solicitado de manera informal que la ceremonia de juramento se realice antes de su discurso ante la Asamblea Legislativa, programado para el sábado. Esta situación ha generado una serie de tensiones, tanto dentro del gobierno como entre los distintos sectores políticos.
La reunión del plenario de la Corte se llevará a cabo en un contexto de incertidumbre. Mientras el Ejecutivo mantiene su postura firme ante las críticas de la oposición sobre las designaciones en comisión de los nuevos jueces, la Corte debe evaluar si accede al pedido del presidente. Entre las opciones que tiene, se encuentran aceptar o rechazar la solicitud, o aplicar un mecanismo conocido como “cronoterapia”, que permite evitar pronunciarse sobre asuntos de gran relevancia política.
La reciente decisión unánime de la Cámara Federal de conceder licencia a Lijo para asumir en la Corte añade más complejidad a la situación. Este aval implica que la Corte no recibió un pedido formal para pronunciarse sobre el nombramiento, lo que podría limitar su capacidad de actuar. Sin embargo, la postura de Ricardo Lorenzetti, uno de los jueces de la Corte que apoya las designaciones, podría influir en el resultado de la reunión. La respuesta del presidente del tribunal y su vicepresidente es aún incierta, y la falta de una resolución podría desencadenar una crisis institucional.
Dentro del gobierno, existen diferentes posturas sobre cómo proceder. Algunos sectores están dispuestos a presionar para que se cumpla el decreto de Milei, mientras que otros buscan evitar un conflicto de poderes. En este contexto, el ministro de Justicia sugirió que el presidente podría tomar juramento a los nuevos jueces, aunque esto contravendría la normativa que establece que solo el presidente de la Corte puede hacerlo. La situación se complica aún más con múltiples presentaciones de organizaciones que piden la intervención de la Corte en este asunto, lo que podría llevar a un nuevo enfrentamiento político.