Una crisis política se ha desatado en Corea del Sur, donde el líder del partido gobernante, Han Dong-hoon, ha solicitado la suspensión inmediata del presidente Yoon Suk-yeol. Esta petición surge tras la revelación de que Yoon ordenó el arresto de varios líderes políticos, incluido Han, durante una ley marcial que fue proclamada de manera sorpresiva el pasado martes.
Durante una reunión de emergencia en la Asamblea Nacional, Han expresó que “es necesario suspender de inmediato al presidente Yoon Suk-yeol de sus funciones para proteger a la República de Corea y a su pueblo”. Además, afirmó tener “pruebas fidedignas” que demuestran que Yoon dio instrucciones para su detención y la de Lee Jae-myung, líder del principal partido opositor, el Partido Democrático. Han advirtió que las “acciones radicales” del presidente podrían poner al país “en gran peligro” si no se toman medidas.
La situación se intensificó cuando se conoció que Yoon había instruido al Comandante de Contrainteligencia, Yeo In-hyung, para que preparara los arrestos, movilizando incluso unidades militares. Esta decisión ha provocado un fuerte rechazo tanto dentro del Partido del Poder Popular (PPP) como en la oposición, que ha exigido la destitución del presidente para evitar que se repitan tales medidas.
El jueves, Han había intentado bloquear el proceso de destitución, pero el cambio en la postura del PPP se debió a la negativa de Yoon a reconocer errores en la declaración de la ley marcial. La oposición acusa al presidente de “vulnerar gravemente la Constitución y la ley”, presentando una moción de destitución que se votará el sábado.
Desde la declaración de la ley marcial, miles de ciudadanos han salido a las calles exigiendo la renuncia o arresto de Yoon. Según encuestas recientes, un 73,6% de los encuestados apoya la destitución del presidente, cuyo índice de aprobación ha caído al 13%. La situación ha llevado a una investigación policial sobre los posibles delitos cometidos por Yoon y otros altos funcionarios, lo que podría resultar en su destitución y nuevas elecciones en un plazo de 60 días.