La Unión Europea ha exigido el cumplimiento de los acuerdos de Barbados en Venezuela después de la inhabilitación de María Corina Machado como candidata opositora a las elecciones presidenciales. El Servicio de Acción Exterior de la UE expresó su preocupación por los recientes acontecimientos en Venezuela y las decisiones del Tribunal Supremo, señalando que «los pasos destinados a impedir que los miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales no pueden sino socavar la democracia y el Estado de Derecho». La UE instó al «cumplimiento íntegro» de los acuerdos de Barbados, los cuales buscaban facilitar unos comicios electorales justos y competidos en 2024. La comunidad internacional también ha condenado la inhabilitación de Machado, incluyendo a Estados Unidos, el Reino Unido, la OEA, Ecuador, Argentina, Paraguay y Uruguay.
La decisión del Tribunal Supremo venezolano de ratificar la inhabilitación de María Corina Machado impide su participación en las elecciones presidenciales previstas para este año. La Unión Europea ha manifestado su apoyo a un proceso electoral transparente y justo en Venezuela, y ha sugerido que levantaría las sanciones contra dirigentes «chavistas» si se dan pasos en esta dirección. La diplomacia europea ha estado pendiente del caso de Machado y ha enfatizado la importancia de permitir su participación en las elecciones. El acuerdo de Barbados entre el gobierno y la oposición establece el reconocimiento y respeto del derecho de cada actor político a seleccionar a su candidato de manera libre y conforme a los mecanismos internos.
La condena internacional a la inhabilitación de Machado ha sido evidente. Países como Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Uruguay, la OEA, el Reino Unido y Ecuador han expresado su rechazo a la medida. La Secretaría General de la OEA denunció que esta acción perjudica la posibilidad de elecciones libres y transparentes en Venezuela, y calificó el régimen de Nicolás Maduro como una «dictadura». El Reino Unido también rechazó la inhabilitación y afirmó que el pueblo venezolano merece una elección justa y competitiva. El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó la decisión como preocupante y evaluó la posibilidad de restablecer sanciones contra el régimen de Maduro en respuesta.