Crece el nerviosismo institucional y la sombra de maniobras de desestabilización se expande en la región. En el plano internacional, la abrupta detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, encendió las alarmas políticas y judiciales. El operativo se produjo poco después de que Estados Unidos le revocara la visa, acusándolo de presuntos nexos con el narcotráfico. Sin embargo, detrás de este accionar con probable intervención de agencias norteamericanas, surgen fuertes sospechas de una movida geopolítica para proteger al asesor Fernando Cerimedo y evitar que queden al descubierto tramas oscuras entre organismos internacionales y redes del crimen organizado en Latinoamérica.
Durante los procedimientos en la Fiscalía General boliviana se incautó documentación sensible, lo que desató denuncias por la posible destrucción de evidencias clave que salpicarían a estructuras de poder internacional. En Argentina, la preocupación por un escenario similar de interferencia y hostigamiento hacia los organismos encargados de perseguir el delito comenzó a calar profundo entre los gobernantes provinciales, que ven en estos episodios una amenaza directa a la institucionalidad.
En ese marco, Maximiliano Pullaro salió a cruzar públicamente los intentos de desarticular el trabajo judicial en su provincia. Ante fiscales de todo el país, sostuvo que existen operaciones mediáticas y «manos negras» abocadas a socavar la credibilidad de las estructuras del Ministerio Público de la Acusación. En el encuentro, ratificó su respaldo a María Cecilia Vranicich y advirtió que no permitirá que maniobras externas o intereses oscuros desestabilicen el esquema de persecución penal en Santa Fe.
Por otro lado, la controversia sumó tensión académica al cuestionar las doctrinas garantistas en el derecho penales por considerarlas permisivas frente al delito. Con la vista puesta en lo ocurrido a nivel regional, Pullaro remarcó la importancia de sostener instituciones firmes para evitar que la presión política o los focos de corrupción penetren la gestión pública.