Tras un año y medio de obras paralizadas, falta de inversión y la creciente presión de los gobernadores, el Gobierno anunció la licitación para concesionar 4.400 kilómetros de rutas nacionales consideradas estratégicas. La medida, que busca reactivar la infraestructura vial del país, se enmarca en la Etapa II de la Red Federal de Concesiones y abarca ocho tramos clave que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.
Fuentes gubernamentales confirmaron que la publicación del llamado a licitación es inminente, luego de que la Secretaría de Transporte finalizara las revisiones legales, auditadas por la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia. Esta iniciativa representa un intento por parte del Gobierno de desligarse del mantenimiento de las principales trazas viales, delegando esta responsabilidad al sector privado.
La Etapa II, de mayor complejidad que la Etapa I (Ruta del Mercosur), incluye corredores como el Tramo Sur (Ruta Nacional 3), el Tramo Atlántico (Ruta Nacional 226), el Tramo Pampa (Ruta Nacional 5), el Tramo Mediterráneo (Rutas Nacionales 7 y 35), el Tramo Puntano (Ruta Nacional 8) y los tramos Portuario Sur, Portuario Norte y Acceso Sur.
La licitación exigirá a las empresas adjudicatarias la ejecución de obras de puesta en valor, rehabilitación de calzadas y mejoras estructurales, así como la implementación del sistema Free Flow en los peajes, eliminando las barreras físicas y avanzando hacia el cobro electrónico. Además, se estipulan obligaciones de mantenimiento, estándares de servicio, iluminación, señalización y seguridad, bajo auditoría estatal y control de inversiones.
El marco legal de la licitación está definido por el Decreto N° 97/2025, que autoriza la privatización de los corredores, la extinción de contratos actuales y la liquidación de Corredores Viales S.A. Sin embargo, la jueza Martina Forns suspendió el Decreto 461, que disolvía la Dirección Nacional de Vialidad, generando interrogantes sobre el futuro de este organismo.
En el Gobierno justifican la medida argumentando que se busca pasar de un modelo de intervención directa en obra pública a un esquema de concesión y tercerización, donde el Estado se enfocaría en tareas de planificación, supervisión y administración de contratos.