Javier Milei debió recalibrar su postura inicial y recortar el alcance de las medidas punitivas vinculadas al archipiélago austral, luego de recibir observaciones directas desde la diplomacia norteamericana. El cambio de rumbo legislativo se plasmó en modificaciones concretas dentro del proyecto oficialista que se debate en la Cámara baja, donde se optó por acotar los castigos para evitar roces diplomáticos innecesarios con Washington.
De esta manera, el texto redactado por el oficialismo estableció que las penalidades económicas y comerciales recaerán exclusivamente sobre aquellas compañías que funcionen como operadoras principales, licenciatarias directas, proveedores específicos o accionistas con control directo en emprendimientos considerados ilegales dentro del territorio nacional. A su vez, la nueva normativa decidió dejar al margen de cualquier responsabilidad legal a los grandes fondos de inversión internacionales que cuentan con participaciones de tipo indirecto en las empresas que operan en la zona en disputa.
Este ajuste en la estrategia se produjo tras advertencias concretas sobre el impacto que la iniciativa original podría tener sobre intereses corporativos norteamericanos. Con estas modificaciones introducidas por el bloque oficialista, la iniciativa busca asegurar un dictamen favorable en el plenario de comisiones sin descuidar la relación bilateral con Estados Unidos, mientras se redefinen los límites regulatorios para las firmas extranjeras que participan de actividades en el Atlántico Sur.