El debate sobre la reforma laboral en Argentina se intensifica, con el gobierno expresando una firme convicción de que, incluso si la oposición intenta bloquearla judicialmente tras su aprobación en el Congreso, sus esfuerzos no prosperarán. La iniciativa, que aún no ha comenzado su tratamiento formal en el ámbito legislativo, ya genera estrategias por parte del peronismo para denunciar su supuesta inconstitucionalidad, rememorando lo ocurrido con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, cuya sección laboral fue suspendida por la Justicia. Sin embargo, desde la Casa Rosada, se muestran confiados en la solidez jurídica de la propuesta actual.
La principal diferencia que esgrime el oficialismo radica en el proceso de gestación de la reforma. A diferencia del DNU, que fue una imposición del Poder Ejecutivo, la actual propuesta está siendo discutida y, previsiblemente, aprobada por el Congreso, lo que le otorgaría fuerza de ley. Integrantes de la mesa judicial gubernamental sostienen que no existen argumentos válidos para declarar la inconstitucionalidad, a menos que las decisiones judiciales se basen puramente en ideologías. Argumentan que la reforma no vulnera los derechos de los trabajadores, sino que busca modernizar la relación laboral, afectando más bien a las estructuras sindicales.
La oposición, por su parte, planea basar su impugnación en el «principio de no regresividad» de los derechos adquiridos, una postura que el gobierno desestima. Desde el oficialismo, se insiste en que cualquier acción judicial debería fundamentarse en la pérdida de un derecho concreto por parte de un trabajador, y no en planteos abstractos. Se espera que la reforma sea votada en el Senado entre el 10 y el 13 de febrero, para luego pasar a la Cámara de Diputados, donde se buscará su sanción definitiva. A pesar de la resistencia, el peronismo y sus aliados no cuentan con los votos necesarios en el Congreso para rechazar la medida, lo que anticipa una victoria legislativa para el gobierno.
Este escenario plantea una batalla en dos frentes: el legislativo, donde el gobierno parece tener los números para avanzar, y el judicial, donde la disputa por la constitucionalidad de la reforma promete ser prolongada. La confianza oficialista en que la Justicia no podrá frenar la iniciativa se asienta en la distinción entre un decreto y una ley sancionada por el parlamento, un argumento clave en su estrategia de defensa ante posibles amparos.