En un contexto de severos recortes presupuestarios que impactan directamente en áreas fundamentales como la salud, la educación y la obra pública, el gobierno ha decidido reestructurar y, paradójicamente, aumentar significativamente los fondos destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Esta medida, implementada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a fines de 2025, no solo redefine la estructura del organismo, sino que también le otorga facultades ampliadas y un flujo de recursos que contrasta fuertemente con la política de austeridad generalizada.
El análisis de los presupuestos proyectados revela un incremento notable en la asignación para la inteligencia. Mientras que en 2024 los gastos reservados representaban el 8% del total, para 2025 esta cifra ascendió al 13%, y las proyecciones para 2026 indican que podrían alcanzar el 20%. Esto se traduce en un aumento nominal del 42% en los gastos reservados entre 2025 y 2026, una cifra considerable en un país donde la mayoría de los bolsillos se ajustan y los servicios esenciales sufren recortes para mantener el equilibrio fiscal.
Más allá de lo económico, el DNU introduce cambios preocupantes en las atribuciones de los servicios de inteligencia. Se habilita a los agentes a realizar actividades de «carácter encubierto», una definición que, según la Real Academia Española, implica ocultar o impedir el descubrimiento de algo, incluso un delito. Lo más alarmante es la autorización para detener personas en supuesta flagrancia sin orden judicial, una facultad que hasta ahora estaba vedada y que genera inquietud sobre la posible deriva hacia prácticas de «policía secreta». Las razones para estas intervenciones son amplias y ambiguas, incluyendo «amenazas a la seguridad estratégica nacional» y «acciones de espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia».
La implementación de este DNU se ha dado en un marco de escaso control parlamentario. Emitido durante el receso legislativo, el decreto elude la revisión inmediata de las comisiones bicamerales encargadas de fiscalizar los organismos de inteligencia y de evaluar los DNU. Esta situación, sumada a la demora en la conformación de dichas comisiones, permite que las nuevas disposiciones y el aumento de fondos para la SIDE permanezcan vigentes sin la debida supervisión, generando un debate sobre la discrecionalidad presidencial y la transparencia en el manejo de recursos y poderes sensibles.