Las autoridades aeronáuticas brasileñas resolvieron frenar el avance comercial de Flybondi en su territorio tras verificar un desplome sin precedentes en la prestación de sus vuelos. La decisión de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) de Brasil contempla restringir de manera inmediata la venta de pasajes hacia destinos donde la empresa argentina aún no opera de forma regular, como Florianópolis, Maceió y Salvador, sumando además la suspensión en la comercialización del tramo Buenos Aires – Río de Janeiro a partir del 3 de agosto. La medida busca amortiguar el impacto sobre los usuarios luego de comprobarse que la aerolínea canceló el 79% de sus trayectos programados en ese país durante casi todo julio.
Desde el organismo regulador del vecino país argumentaron que existen claros «indicios de deterioro de la capacidad operativa de la compañía y riesgos de perjuicios para los pasajeros», una situación que motivó la prohibición de sumar nuevas rutas o frecuencias hasta tanto se garantice un esquema confiable. El ente estatal remarcó que las fallas abarcan desde alteraciones intempestivas en la programación hasta severos problemas en la atención al cliente y la devolución de fondos. No obstante, las autoridades aclararon que la cautelar no anula los boletos ya adquiridos y recordaron que la compañía mantiene la exigencia legal de reacomodar a los damnificados o reintegrar el dinero en un plazo no mayor a siete días.
Este freno internacional se suma al delicado panorama que la low cost atraviesa en el mercado local, donde los registros privados del sitio Fail Bondi señalan que la firma dejó en tierra 302 vuelos sobre un total de 103 realizados en lo que va del mes, alcanzando un índice de suspensión del 74,6%. La crisis operativa obligó a la firma a suspender a pilotos y tripulantes hasta el 30 de septiembre para intentar reestructurar sus prestaciones, en un contexto donde su cuota de mercado en Argentina cayó al 6% tras transportar apenas algo más de 70.000 pasajeros en mayo, muy lejos de los 205.536 de ese mismo período en 2025. Ante este escenario de demoras reiteradas, la senadora mendocina Mariana Juri solicitó formalmente un pedido de informes al ente regulador argentino para fiscalizar el desempeño de la compañía.