En un movimiento que ha generado controversia, Manuel García Mansilla asumió como nuevo juez de la Corte Suprema de Argentina tras prestar juramento en una ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio de Tribunales. La decisión de su nombramiento se tomó en una reunión entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que se habían cumplido todas las formalidades necesarias, a pesar de que García Mansilla no contaba con un dictamen favorable de la comisión en el Senado.
La jura de García Mansilla se realizó en un ambiente de secreto y solo se hizo pública una vez concluida. Este hecho ha suscitado críticas sobre la transparencia del proceso. En la ceremonia estuvo presente el viceministro de Justicia, lo que indica el respaldo del gobierno en este nombramiento. En la próxima reunión de la Corte, programada para el 6 de marzo, se discutirá la solicitud de licencia extraordinaria del juez federal Ariel Lijo, quien, a diferencia de García Mansilla, tiene el apoyo de varios senadores peronistas.
El peronismo ya está movilizando esfuerzos para bloquear la designación de García Mansilla y Lijo, argumentando que no apoyarán a ningún juez nombrado por decreto. Este contexto plantea un desafío para el oficialismo, que busca evitar que los pliegos de ambos jueces lleguen al debate en el Senado. La decisión de la Corte de aceptar el nombramiento de García Mansilla sienta un precedente preocupante, ya que permite a futuros presidentes nombrar jueces por decreto, eludiendo el proceso constitucional que requiere el consenso del Senado.
Mientras tanto, se anticipa una batalla legal sobre la constitucionalidad del decreto que habilitó estas designaciones. Varios expertos en derecho han cuestionado la legalidad de este procedimiento, señalando que podría estar al borde de la inconstitucionalidad. La situación actual refleja una tensión significativa en el sistema judicial argentino, donde las decisiones políticas y judiciales parecen entrelazarse de manera compleja.