Un escándalo sacude al PAMI tras la denuncia de un intendente radical por presuntas irregularidades con clínicas privadas que afectarían a miles de jubilados. Esteban Santoro, jefe comunal de General Madariaga, presentó una denuncia penal en la que solicita investigar una posible asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y fraude en perjuicio de la administración pública.
Según la denuncia, desde diciembre pasado, el PAMI reasignó sin previo aviso a casi todos los pacientes de Madariaga, quitándole al hospital municipal 3.000 cápitas por guardia, atención e internación, para reasignarlos a una clínica privada del distrito, el Instituto Médico Madagariense. Esta maniobra, que también se habría replicado en Jujuy, implica el giro de fondos a la clínica elegida, que recibiría más de 80 millones de pesos mensuales por servicios que, en muchos casos, no presta.
La denuncia de Santoro ha tenido un efecto expansivo, y ya hay funcionarios de Pinamar y Villa Gesell denunciando situaciones similares. Las sospechas apuntan al accionar de la regional de PAMI de Mar del Plata, y a la aparente pasividad del ministro de Salud, Mario Lugones, de quien depende la obra social. Mientras tanto, la justicia investiga el caso, que podría tener ramificaciones en otros distritos de la provincia.
