La relatora de la comisión parlamentaria de investigación (CPI) sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero en Brasil, la senadora Eliziane Gama, recomendó este martes a la fiscalía federal el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro y otras 60 personas, entre ellos exministros, empresarios y dos antiguos jefes del Ejército y de la Armada por su participación en el movimiento para derrocar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
El informe final de Gama, de 1.333 páginas, deberá ser votado este miércoles por los miembros de la comisión mixta de investigación sobre el asalto perpetrado por bolsonaristas al Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal en Brasilia una semana después de la asunción de Lula.
«Diferentes hechos concretos y pruebas muestran minuciosamente que Bolsonaro fue autor, sea intelectual, sea moral, de los ataques perpetrados contra las instituciones, el 8 de enero de 2023», dijo Gama, senadora del Partido Social Democrático (PSD, centroderecha) por el estado de Maranhao, en el informe.
Esta investigación parlamentaria corre en paralelo a una causa penal que lleva adelante la corte suprema, que ya condenó a siete participantes de la intentona y debe hacerlo con otros 1.300 que están procesados y esperando sentencia.
Los cargos contra Bolsonaro son asociación ilícita, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y uso de medidas para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos, que podrían conllevar, en caso de que se acepte la denuncia y se lo juzgue, 29 años de prisión, según la cadena de noticias GloboNews.
Bolsonaro está siendo investigado en siete causas y fue inhabilitado para participar de elecciones hasta 2030 por parte de la justicia electoral, que lo condenó tras denunciar falsamente ante embajadores extranjeros un supuesto complot en su contra con el uso de las urnas electrónicas cuando era presidente.
El informe pone fin a cinco meses de trabajo de la comisión, que mantuvo en vilo a gran parte de la opinión pública y donde el oficialismo es mayoría, a la vez que el bolsonarismo presentó un contrainforme en el cual acusa a Lula de un autogolpe para beneficiarse de los actos de vandalismo en su primera semana de gobierno.
El informe indica que el gobierno de Bolsonaro montó con el apoyo de altos mandos del Ejército la idea de que las elecciones de octubre no fueron limpias, con lo cual empresarios del agronegocio financiaron campamentos frente a los cuarteles en todo el país para pedir un golpe, funcionando como un centro de distribución de fake news destinado a cesar el gobierno de Lula.
La participación de Bolsonaro en el complot golpista, según la senadora, fue expuesta por el hacker Walter Delgatti Neto, famoso por haber revelado comunicaciones criminales de la operación Lava Jato, quien afirmó ante la comisión investigadora que el entonces presidente le propuso realizar maniobras para denunciar falsamente supuestos fraudes electorales a favor de Lula en el balotaje de octubre de 2022.
En declaraciones a la CPI, Delgatti dijo que la campaña de Bolsonaro planeaba simular el hackeo de una máquina de votación electrónica, y que el propio expresidente le pidió que interceptara ilegalmente el teléfono celular del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien investiga presuntos delitos de la extrema derecha bolsonarista desde 2019.
El pedido de la senadora incluye procesar al excandidato a vice de Bolsonaro y exjefe de gabinete general Walter Braga Netto, posible candidato de la ultraderecha a la intendencia de Río de Janeiro en las elecciones de octubre de 2024.
A lo largo de las investigaciones, Gama intentó reconstruir el avance del plan golpista después de la victoria de Lula, empezando por los operativos llevados a cabo por la PRF (Policía Federal Caminera) en la segunda vuelta para dificultar el voto de los electores del Partido de los Trabajadores (PT), la agrupación de izquierda de Lula.
Por ello, pidió el procesamiento del detenido exjefe policial Silvinei Vasquez, así como de Mauro Cid, el exedecán que se transformó en delator de la justicia para confesar sus crímenes como ayudante de Bolsonaro en la Presidencia.
«Las invasiones del 8 de enero fracasaron en sus objetivos más oscuros, pero los ataques a la democracia continúan. El 8 de enero no ha terminado, es urgente que el sistema de vigilancia sea permanente», dice el texto de la senadora.
En otro tramo sostiene: «Las investigaciones aquí realizadas, las declaraciones recabadas, los documentos recibidos, permitieron llegar a un nombre como prueba y a varias conclusiones. El nombre es Jair Messias Bolsonaro. Como se verá en las páginas siguientes, la democracia brasileña fue atacada y las masas fueron manipuladas con discursos de odio».
El informe también incluye el intento de atentado con bomba que había sido preparado por un empresario ruralista en el aeropuerto de Brasilia a fines de diciembre y la financiación de los campamentos de ultraderechistas frente a los cuarteles del Ejército de todo el país tras la elección.
Además coincide con la causa judicial por la cual está detenido con arresto domiciliario el exministro de Justicia bolsonarista Anderson Torres, quien en la primera semana de enero era el secretario de Seguridad de Brasilia, encargado de la protección de los edificios gubernamentales. Éste está acusado de confeccionar un mapa del golpe y de haber liberado la zona el domingo 8 de enero para que la policía no reprimiera a los bolsonaristas.
Torres, que esa semana había asumido en el gobierno de la capital federal, viajó a Estados Unidos, donde estaba Bolsonaro, y vio el intento de golpe desde fuera de Brasil.