El gobierno ha llevado a cabo una convocatoria exhaustiva sobre las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral, que benefician a un millón de personas. Hasta el momento, un 60% de los beneficiarios no cumplieron con el requisito de verificar su situación, lo que ha derivado en la suspensión de más de 65.000 beneficios por diversas irregularidades. Adicionalmente, más de 8.000 personas renunciaron voluntariamente a la asignación estatal al no cumplir con los requisitos necesarios.
Además, se detectaron casos en los que familiares continuaban cobrando pensiones de personas fallecidas, lo que resultó en la baja de más de 6.000 beneficios. En total, se dejaron de abonar más de 80.000 pensiones, generando un ahorro mensual superior a los 23 mil millones de pesos. Las autoridades de ANDIS justifican estas medidas como necesarias para asegurar que los recursos se destinen a quienes realmente necesitan el apoyo, promoviendo la transparencia y equidad en la distribución de los beneficios.
La auditoría, que no incluye a menores de edad ni a personas auditadas en 2024, implica la revisión de documentos que acrediten la condición médica del beneficiario. Se han detectado casos de certificados falsos, personas que cobraban la pensión desde el extranjero y hasta presos que recibían el beneficio de manera irregular. El gobierno sospecha que durante las últimas dos décadas, especialmente en los gobiernos kirchneristas, se utilizaron estas pensiones con fines políticos.
Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, ha manifestado la necesidad de una revisión exhaustiva del sistema para garantizar que solo aquellos que realmente lo necesitan accedan a estas prestaciones. El gobierno ha derogado el sistema anterior, que permitía evaluaciones más flexibles, e impuso nuevas condiciones, como la obligatoriedad de revalidar la condición mediante una declaración jurada y una nueva evaluación médica.