El Gobierno busca recortar las estructuras vigentes en los tribunales de Retiro, achicando el número de juzgados encargados de investigar delitos complejos de corrupción y narcotráfico, además de reducir la integración del máximo tribunal penal del país.
El esquema proyectado contempla la reducción de doce a diez —e incluso a ocho— juzgados federales de instrucción. De concretarse esa última cifra, la gestión nacional evitaría la apertura de nuevos concursos para cubrir las vacantes existentes en esos despachos, un factor sensible para la dinámica de las investigaciones contra la administración pública. A la par, el plan del Ejecutivo propone disminuir la cantidad de integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, instancia previa a la intervención de la Corte Suprema, recortando su número actual de integrantes para llevarlo a nueve miembros.
Esta reformulación no solo implica recortar dependencias, sino también alterar el esquema operativo de los magistrados, habilitando movilidad de funciones dentro del fuero. De esta manera, un mismo juez podría desempeñarse en tareas de garantía de la instrucción y posteriormente intervenir en instancias de juzgamiento o revisión dentro de otros expedientes, supeditado al esquema que fije la oficina judicial.
Para que las modificaciones en la composición y funcionamiento de estas dependencias judiciales clave entren en vigencia de manera definitiva, el Ministerio de Justicia evalúa remitir el texto al ámbito del Congreso para su debate parlamentario, con el fin de eludir eventuales presentaciones de nulidad que suelen trabar las modificaciones por vía reglamentaria.