Paul Starc, quien fue nombrado al frente de la UIF por Santiago Caputo, ha decidido presentar una denuncia penal, pero no por la sospechosa transacción de 800 mil dólares que involucra al propio Caputo, sino por la filtración de esta información a los medios. La situación se complica aún más considerando que Caputo es el único empleado de la empresa Zefico, que recibió dicho monto, lo que ha llevado a cuestionar la transparencia de las operaciones de la firma.
El escándalo se desató cuando se conoció que Zefico, una compañía sin antecedentes de actividad comercial, recibió una suma significativa de dinero. Según reportes, el origen de estos fondos es dudoso, ya que los socios de la empresa, Lucas y María Costa, alegaron que el dinero fue «donado» por su padre, pero no pudieron justificar adecuadamente su procedencia. La denuncia de Starc se centra en que la información sobre la operación sospechosa fue divulgada, lo que él considera un acto grave que debe ser investigado.
A pesar de la gravedad de las acusaciones de lavado de dinero, Starc ha optado por desviar la atención hacia la filtración en lugar de abordar la posible irregularidad en las transacciones de Zefico. En su declaración, hizo un llamado a la justicia para que se investiguen «los gravísimos hechos ventilados» y se determine la responsabilidad de quienes filtraron la información. Esto ha suscitado críticas sobre la imparcialidad de su gestión, dado que fue designado por Caputo, quien está en el centro de la controversia.
La situación ha dejado a muchos preguntándose sobre la integridad de las instituciones y la capacidad de la UIF para llevar a cabo investigaciones efectivas en casos de corrupción, especialmente cuando su titular parece más preocupado por proteger su propia imagen que por esclarecer los hechos. El caso continúa desarrollándose y se espera que la justicia tome cartas en el asunto.