El panorama para la comunidad vinculada a la discapacidad vuelve a entrar en una etapa sumamente compleja tras el avance decidido del Poder Ejecutivo. Luego de que el Congreso frenara iniciativas previas durante 2026, Javier Milei volvió a la carga mediante la presentación del Presupuesto 2027. Lejos de proponer alternativas superadoras como se había prometido de manera pública, la nueva hoja de ruta fiscal refleja un desinterés manifiesto hacia este sector, articulando un ajuste de gran magnitud que compromete de forma directa los derechos consolidados de miles de familias golpeadas por la crisis económica.
El plan impulsado por el Gobierno contempla la derogación de artículos clave pertenecientes a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta medida busca eliminar las garantías de actualización de las pensiones no contributivas frente a la inflación y desarmar la obligación de ajustar los honorarios de los profesionales en función del índice de precios. A la par, el texto oficial flexibiliza las partidas destinadas a la atención médica integral e interrumpe la obligación del Estado de sostener esquemas de financiamiento equitativos para el rubro.
En paralelo, la intención de desregular el Nomenclador Único de Prestaciones Básicas desarma el piso tarifario uniforme que garantizaba equidad entre obras sociales, prepagas y el programa estatal Incluir Salud. Al otorgar la facultad de fijar valores de manera individual a cada entidad financiadora, se corre el riesgo inminente de provocar un desabastecimiento generalizado de profesionales, la renuncia masiva de terapeutas y el cierre definitivo de centros de día y escuelas especiales. De este modo, la cobertura pasa a depender del bolsillo de cada hogar, obligando a las familias a afrontar copagos o acudir de manera constante a la Justicia para resguardar prestaciones básicas.
Finalmente, la proyección oficial incluye un esquema restringido para la asignación de pensiones y la continuidad de las bajas masivas a través de auditorías sumarias. A este escenario se suma el desfinanciamiento del programa Incluir Salud, cuyos fondos no acompañan el aumento desmedido de los insumos médicos ni de los medicamentos de alta complejidad. La combinación de estas decisiones no solo pone en jaque la estabilidad del sistema integral de atención, sino que ratifica una decisión política orientada a recortar recursos en las áreas de mayor vulnerabilidad social.