La administración de Sandra Pettovello deberá comparecer la próxima semana ante la Cámara Federal para justificar por qué no ha distribuido 5.000 toneladas de comestibles destinados a comedores comunitarios y merenderos, generando un fuerte cruce con organizaciones sociales.
En una audiencia prevista para el miércoles 5 de junio, funcionarios del Ministerio de Capital Humano expondrán oralmente ante los jueces Irurzun, Farah y Boico los motivos por los cuales apelaron la orden judicial que les exigía elaborar un plan «inmediato» para entregar esos stocks alimentarios.
La cartera liderada por Pettovello objetó el fallo del juez Casanello, alegando que la distribución de alimentos es una «cuestión política no judiciable» y que el magistrado se arrogó «facultades» propias del Poder Ejecutivo al ordenar el reparto.
«Es potestad de Capital Humano desarrollar políticas alimentarias, establecer prioridades y determinar cuándo deben distribuirse esos recursos», argumentó la subsecretaria legal Leila Gianni en la apelación.
Sin embargo, organizaciones sociales denunciaron que esos miles de toneladas retenidas son necesarias para paliar la creciente crisis de hambre en barrios vulnerables.
El propio precandidato presidencial Juan Grabois acusó a Pettovello de «abuso de autoridad», desestimando la versión oficial de que los alimentos están reservados para «catástrofes».
«Mostramos documentación que señala que la comida se adquiere para atender a personas en situación de vulnerabilidad», enfatizó el dirigente social al radicar su denuncia penal.
En el centro de la disputa está la continuidad del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, que el anterior gobierno canalizaba a través de comedores comunitarios gestionados por movimientos sociales.
La nueva administración, en cambio, decidió suspender esas entregas luego de detectar presuntas irregularidades y «comedores fantasma» que no existirían, generando un duro enfrentamiento judicial y político.